Cada año, junto con el proyecto de Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana publica la estimación del gasto tributario: el monto que el Estado deja de recaudar por exenciones, deducciones, tasas reducidas e incentivos. Para el comprador internacional que evalúa una propiedad en un proyecto CONFOTUR en Cap Cana, Punta Cana o Casa de Campo, este informe no es una lectura técnica lejana. Es una ventana al costo fiscal de los incentivos de los que depende parte de su ecuación de compra, y a la conversación pública sobre su futuro.

Las cifras del gasto tributario 2027

Según el informe publicado en octubre de 2026 y reseñado por varios medios dominicanos, el gasto tributario estimado para 2027 asciende a RD$458,629.93 millones, unos US$7,600 millones, equivalentes al 4.78 % del PIB proyectado. La cifra representa un aumento de 3.89 % frente a la reestimación de 2026, que se ubicó en RD$441,445.23 millones, aunque su peso en la economía baja 0.28 puntos porcentuales porque el PIB crece más rápido. La reestimación de 2026 superó en 12 % la estimación inicial de ese año, principalmente por el ITBIS, los combustibles y los aranceles.

Por tipo de impuesto, el ITBIS concentra la mayor parte, con RD$249,805.88 millones, el 54.47 % del total. Le siguen los impuestos sobre el patrimonio, con RD$80,868.57 millones, el 17.63 %, y el impuesto sobre la renta, con RD$61,370.23 millones. Los impuestos sobre el patrimonio son la categoría que más interesa al sector inmobiliario, porque incluye el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, el impuesto de transferencia y los gravámenes sobre hipotecas; sin embargo, el informe no publica un desglose específico para cada uno.

El turismo dentro del total

Por sector beneficiario, las personas físicas reciben el 40.2 % del gasto tributario, con RD$184,685 millones, seguidas por las zonas francas con RD$40,804 millones. El turismo figura con RD$17,229 millones, aproximadamente el 3.8 % del total. Los fideicomisos suman RD$9,447 millones, y los fideicomisos de vivienda de bajo costo, RD$299.2 millones.

Esta proporción ayuda a poner en perspectiva un debate recurrente. Los incentivos turísticos, entre ellos los de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, representan una fracción acotada del gasto tributario total, muy por debajo de las exenciones del ITBIS a personas físicas. Esto no garantiza su permanencia, pero sí indica que el grueso del costo fiscal está en otros renglones.

El contexto: Presupuesto 2027 y Ley 30-26

El Presupuesto General del Estado 2027, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre y depositado en el Congreso el 25 de ese mes, asciende a RD$2,036,844.2 millones, un 10.7 % más que el presupuesto aprobado de 2026. Proyecta ingresos por RD$1,510,574.5 millones, un déficit de 3.4 % del PIB y un crecimiento económico real de 4.75 %. A principios de noviembre se encontraba en estudio en una comisión bicameral y no había sido aprobado; la Ley 423-06 de Presupuesto establece que debe aprobarse antes del 31 de diciembre.

El informe de gasto tributario se publica, además, pocos meses después de la reforma más relevante de los últimos años: la Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, promulgada el 18 de junio de 2026. Para el sector inmobiliario, esa ley estableció un impuesto único del 10 % sobre la ganancia de capital en la venta de inmuebles por personas físicas, con exenciones específicas; redujo el impuesto de registro de hipotecas del 2 % al 1 % en 2027 y lo elimina desde 2028; y dejó sin cambios el impuesto de transferencia del 3 % y el IPI. El propio informe de gasto tributario analiza la Ley 30-26 entre las normas recientes que inciden en la estimación.

La regla que toca al modelo CONFOTUR

El artículo 1 de la Ley 30-26 incorporó al Código Tributario una disposición según la cual el contribuyente no puede beneficiarse simultáneamente de más de un régimen de incentivos respecto de una misma actividad, inversión u operación. La ley no menciona ni modifica la Ley 158-01, pero el despacho Pellerano & Herrera señaló en agosto que la nueva regla genera interrogantes para proyectos de uso mixto y clasificaciones provisionales, y que el artículo 5 de la Ley 158-01 podría proteger a los proyectos ya clasificados. Esta última es una interpretación jurídica y no un criterio oficial de la DGII, que a la fecha de esos análisis no había emitido una norma específica.

Qué significa para el comprador

La primera lectura es que no se ha anunciado una eliminación de los incentivos turísticos. Hacienda aclara en su informe que la clasificación de los gastos tributarios no implica automáticamente una recomendación de mantener, modificar o eliminar beneficios. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional recomendó en su consulta del Artículo IV de 2025 mejorar la administración de los incentivos fiscales y orientarlos al empleo y la competitividad. La conversación sobre la eficiencia de los incentivos está abierta, y un comprador prudente debe tenerla presente.

La segunda lectura es práctica. La exención CONFOTUR no es un atributo genérico de una zona, sino de un proyecto concreto, con una resolución, un plazo y unas condiciones. Antes de firmar, conviene solicitar la resolución de clasificación definitiva o provisional, verificar su vigencia, confirmar que la unidad está comprendida y entender qué ocurre si el inmueble se revende, ya que la exención de transferencia beneficia al primer comprador.

La tercera lectura es de planificación. Un modelo de inversión que solo funciona con la exención del IPI o del impuesto de transferencia es un modelo frágil. Recomendamos evaluar cada compra con y sin incentivos, de modo que el beneficio fiscal sea una mejora del retorno y no su único sostén.

Preguntas para su abogado

Antes de comprar en un proyecto con incentivos, vale la pena plantear a su abogado independiente tres preguntas: si la clasificación del proyecto es definitiva o provisional y cuándo vence; si el proyecto o el comprador acceden a algún otro régimen de incentivos que pueda entrar en conflicto con la nueva regla de la Ley 30-26; y cómo se documentará la exención en el acto de transferencia y ante la DGII.

Conclusión

El gasto tributario 2027 confirma que los incentivos al turismo son una parte acotada del costo fiscal dominicano, en un momento en que la política tributaria está en revisión tras la Ley 30-26. Para el comprador de lujo, la conclusión no es temer ni ignorar los incentivos, sino verificarlos proyecto por proyecto y construir la decisión sobre fundamentos que se sostengan por sí mismos. En Angela Listings acompañamos ese proceso con información actual y en coordinación con asesores legales independientes.

Las cifras citadas provienen de fuentes públicas consultadas en noviembre de 2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal, fiscal ni financiera.

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