Cuando un comprador internacional decide adquirir una villa en Cap Cana o un apartamento en Punta Cana, suele prepararse para negociar el precio, revisar el título y entender los impuestos. Lo que muchas veces no anticipa es una etapa que hoy forma parte obligatoria de cualquier transacción inmobiliaria seria en la República Dominicana: la verificación del origen de los fondos y la identificación de quién está realmente detrás de la compra.

Esta etapa no es un trámite opcional ni una desconfianza hacia el cliente. Responde a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a su reglamento y a las normas que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aplica al sector inmobiliario. En 2026, además, la DGII emitió un aviso que precisa quiénes están obligados a aplicar estos controles. En este artículo explicamos qué exige el marco vigente, qué documentos conviene preparar y cómo evitar retrasos en el cierre. Este contenido es informativo y no sustituye la asesoría de un abogado o de un especialista en cumplimiento.

Qué es la Ley 155-17 y por qué alcanza a su compra

La Ley 155-17, promulgada en 2017, sustituyó a la antigua Ley 72-02 e incorporó los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma distingue entre sujetos obligados financieros, como bancos y aseguradoras, y sujetos obligados no financieros, es decir, actividades comerciales que por su naturaleza pueden ser utilizadas para lavar dinero. Entre estos últimos figuran expresamente los agentes inmobiliarios cuando intervienen en transacciones de compra y venta para sus clientes, las empresas constructoras en determinados supuestos, y los abogados y notarios que participan en compraventas.

Como no existe un regulador estatal específico del corretaje inmobiliario, la ley asigna la supervisión de estos sujetos a la DGII, que bajó las obligaciones al terreno práctico mediante la Norma General 03-2018. Los reportes, por su parte, se remiten a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El Aviso 12-26 de la DGII: quién es sujeto obligado en 2026

En 2026, la DGII publicó un aviso sobre la condición de sujeto obligado no financiero en el sector construcción. El documento establece que, conforme a la Ley 155-17, su Reglamento de Aplicación (Decreto 408-17) y la Resolución CONCLAFIT-2025-02, solo se consideran sujetos obligados no financieros las empresas constructoras que efectivamente intervengan en operaciones de compra, venta y promoción de bienes raíces, o que pongan en contacto a compradores y vendedores a cambio de una comisión, independientemente de si reciben valores en sus cuentas.

El mismo aviso aclara que ese es el criterio que utilizan las entidades financieras al solicitar documentación o aplicar sus procesos de debida diligencia. Para el comprador, la consecuencia práctica es clara: si adquiere en preventa directamente a un desarrollador que promueve y vende sus unidades, ese desarrollador también deberá aplicar controles sobre usted y sobre sus fondos.

Qué le pedirán: identificación, beneficiario final y origen de fondos

La debida diligencia del cliente es el conjunto de procedimientos con los que el sujeto obligado conoce a su cliente. En una compraventa inmobiliaria se traduce en tres bloques de información.

Identificación del comprador

El primer bloque es la identificación del comprador y de quien actúe en su nombre, verificada con documentos de fuentes fiables. Para una persona física extranjera, normalmente implica pasaporte vigente, comprobante de domicilio y datos de contacto. Si un apoderado firma por el comprador, el poder deberá estar debidamente formalizado, y si fue otorgado en el extranjero, apostillado o legalizado según corresponda.

Beneficiario final cuando compra una sociedad

El segundo bloque aparece cuando el comprador es una sociedad. La ley define al beneficiario final como la persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o que posee al menos el 20 % de su capital. Si su villa se adquiere a través de una compañía, el agente, el notario y el banco necesitarán llegar hasta las personas físicas detrás de esa estructura, aunque existan varias capas societarias. Conviene tener a mano estatutos, certificado de incorporación, registro de accionistas o documento equivalente y la designación de administradores. Las estructuras inusualmente complejas pueden activar una debida diligencia ampliada.

Origen y destino de los fondos

El tercer bloque es el origen de los fondos. La ley exige identificar el origen, propósito y destino del dinero con documentación fidedigna. En la práctica, eso puede significar estados de cuenta bancarios que muestren la acumulación de los fondos, documentación de la venta de otra propiedad, contratos de compraventa de acciones, cartas de un banco o de un contador, declaraciones de impuestos, documentos de herencia o de donación, según el caso. No existe una lista única: lo importante es que la documentación explique de forma coherente cómo se generó el dinero que se utilizará en la compra.

El efectivo: prohibición y reporte

Uno de los puntos que más sorprende a compradores acostumbrados a otras jurisdicciones es el tratamiento del efectivo. El artículo 64 de la Ley 155-17 prohíbe pagar o aceptar en efectivo la constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles por un monto superior a RD$1,000,000, y prohíbe a notarios y registradores instrumentar esas operaciones sin constancia del medio de pago. Ese umbral corresponde al texto original de la ley y puede ser indexado por resolución, por lo que recomendamos confirmarlo con su abogado al momento de la operación.

Además de esa prohibición, la ley obliga a reportar a la UAF toda transacción en efectivo igual o superior a US$15,000 o su equivalente, y las operaciones en efectivo realizadas en un período de 24 horas a favor de una misma persona se suman como una sola. En la práctica, las compras de propiedades de lujo en la República Dominicana se pagan mediante transferencias bancarias trazables, y esa es la vía que recomendamos sin excepción.

Debida diligencia ampliada

La ley y la Norma General 03-2018 prevén una debida diligencia ampliada para clientes de mayor riesgo. Entre los supuestos figuran las personas expuestas políticamente (PEP), las estructuras societarias complejas, las operaciones vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo y los no residentes que operan en efectivo por montos superiores a US$15,000. Para estos casos se requiere información adicional y, en el caso de los PEP, la aprobación de la alta gerencia del sujeto obligado.

Por qué esto protege al comprador

Puede parecer que estos controles solo generan trabajo adicional, pero en realidad protegen al comprador serio. Una transacción documentada correctamente es más fácil de inscribir, de financiar, de asegurar y, en el futuro, de vender. Los bancos dominicanos y extranjeros aplican sus propios procesos de cumplimiento, y una operación con documentación incompleta puede retrasar transferencias o la apertura de cuentas. Además, la trazabilidad de los fondos facilita demostrar el costo de adquisición cuando llegue el momento de calcular impuestos sobre la ganancia de capital en una reventa.

El crecimiento del mercado también explica la importancia de estos procesos. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística (Situr) citados por la prensa especializada, en 2025 se aprobaron en La Altagracia 77 proyectos turísticos por US$2,375 millones, 55 de ellos inmobiliarios, y las licencias de construcción de la provincia pasaron de 55 en 2020 a 264 en 2025, según la Oficina Nacional de Estadística. Más operaciones y más compradores internacionales significan más expedientes que deben armarse correctamente.

Cómo preparar su compra para evitar retrasos

Nuestra recomendación es comenzar a reunir la documentación desde el momento en que decide hacer una oferta, no cuando se acerca el cierre. Prepare una copia digital de su pasaporte y de un comprobante de domicilio reciente. Si comprará a través de una sociedad, solicite a su abogado o a su contador un organigrama sencillo de la estructura con los porcentajes de participación. Reúna los estados de cuenta que muestren el origen de los fondos y, si el dinero proviene de una venta, una inversión liquidada o una herencia, los documentos que lo acrediten. Si un apoderado firmará por usted, coordine con tiempo la apostilla del poder.

También es útil saber que la debida diligencia se actualiza periódicamente para los clientes habituales, que los sujetos obligados deben conservar los registros durante al menos diez años y que no pueden informar al cliente si se ha realizado un reporte de operación sospechosa. Si un potencial comprador se niega a entregar la información necesaria para identificarse, la operación no puede continuar.

La perspectiva de Angela Listings

En Angela Listings acompañamos a compradores de distintos países y vemos con frecuencia que los retrasos en el cierre no se deben a problemas del inmueble, sino a documentación de fondos incompleta o preparada a última hora. Un expediente ordenado desde el inicio transmite seriedad al vendedor, agiliza el trabajo del notario y del banco y reduce la incertidumbre de todos.

Tratamos la información de nuestros clientes con absoluta confidencialidad y coordinamos con abogados especializados para que cada operación cumpla el marco vigente. Si está considerando una compra en Cap Cana, Punta Cana o Casa de Campo y quiere saber qué documentación necesitará según su país de residencia y su estructura de compra, escríbanos y preparamos juntos una lista personalizada.

Fuentes consultadas: Ley 155-17 y Decreto 408-17; Norma General DGII 03-2018; Aviso DGII 12-26 sobre la condición de sujeto obligado no financiero en el sector construcción (2026); análisis normativo publicado en octubre de 2026 con datos de Situr y la ONE. Este artículo no constituye asesoría legal.

Angela Listings
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